Colombia
necesita mostrar resultados concretos contra la corrupción
Fuente: Corporacion Transparencia por Colombia
Fuente: Corporacion Transparencia por Colombia
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Entre los 32 países de la región de las Américas
evaluados, Colombia se encuentra en el grupo con calificaciones deficientes,
menor a la de 19 países y superior a la de 12. A nivel de Suramerica, solo Chile (72), Uruguay (72) y
Brasil (43), que recientemente ha enfrentado con sanciones ejemplarizantes los
escándalos de corrupción al interior del gobierno, obtienen calificaciones
aceptables. En los últimos lugares se ubican Honduras, Paraguay, Haití y
Venezuela.
En el IPC, Transparencia Internacional evalúa los niveles
de percepción de corrupción en el sector público en un país específico,
basado en el promedio de los resultados encuestas y evaluaciones realizadas a
ejecutivos del sector privado, expertos y analistas de riesgo.
Para Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva
de Transparencia por Colombia, los resultados del IPC para el país son muy
preocupantes. "Lo que nos muestra la baja calificación de 36/100 es que a
pesar de las reformas institucionales para combatir la corrupción, incluyendo
la aprobación de nuevas normas como el Estatuto Anticorrupción , aún no se
percibe el efecto de estas iniciativas deberían generar sobre prácticas
corruptas al interior del Estado colombiano. Hay denuncias, procesos de
investigación, nuevas normas, pero se percibe que la sanción no es efectiva,
predomina una sensación de impunidad", asegura.
La corrupción en Colombia ha alcanzado un
carácter estructural. Está asociada con el pago de sobornos en la contratación,
compensaciones por favores para concretar un negocio o acceder a un servicio
público, pero también que se manifiesta en la captura del Estado en sus
diferentes niveles, el nepotismo, legislar en beneficio propio, entre otros.
“Superar la corrupción requiere de
esfuerzos de todo el Estado, no solo de la voluntad o responsabilidades
aisladas del gobierno. El problema viene escalando de tiempo atrás y no tiene
color político. El ejecutivo, el legislativo, la rama judicial y los órganos de
control deben coordinarse si queremos resultados efectivos”, agrega Ungar.
“Pero además, el sector privado, como corresponsable de muchos hechos de
corrupción, debe asumir compromisos y emprender acciones para prevenirla y combatirla”.
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